Alejandro Toledo Manrique

El balance del quinquenio (2001-2006) presidencial de Alejandro Toledo en Perú presenta un cuadro de resultados inobjetables, al que sin embargo deslucieron una interminable sucesión de escándalos y claras contradicciones económicas. Primer mandatario mestizo del país con acusados rasgos indígenas y economista de profesión con ideas liberales, el Cholo Toledo preservó la constitucionalidad de las instituciones democráticas tras la década autoritaria del fujimorismo, de la que había sido el más enérgico denunciante, lanzó iniciativas concertadoras, saneó las cuentas públicas e impulsó un crecimiento fuerte ligado a la expansión comercial que tuvo como grandes estrategias los acuerdos de libre cambio con Estados Unidos y el MERCOSUR. Ahora bien, la nueva riqueza no se tradujo en una reducción tangible del paro, la pobreza y las desigualdades sociales. Toledo vio hundirse su popularidad al ritmo que marcaban los casos de corrupción, que salpicaron a decenas de familiares y colaboradores, y a él mismo, así como las crisis de Gobierno y diversas agitaciones internas, dejándole varias veces en la cuerda floja. En cuanto a la política regional, alentó la integración del subcontinente y fue el inspirador original de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN, futura UNASUR), que él consideraba compatible con el ALCA deseada por Estados Unidos, lo que le enfrentó al venezolano Chávez.

1. Un economista con raíces indígenas
2. Irrupción en la política con la barrera del encasillamiento racial
3. Ascenso al liderazgo de la oposición al régimen de Fujimori; las denunciadas elecciones de 2000
4. Elección presidencial en 2001 con garantías democráticas
5. Un prematuro desgaste en el poder
6. Sucesión de crisis políticas y escándalos en un contexto de estabilidad económica
7. Sedición etnocacerista y riesgo de destitución por el Congreso
8. Apuesta por una integración sudamericana compatible con el TLC con Estados Unidos
9. Testigo incómodo de una sucesión presidencial dominada por candidatos opositores


1. Un economista con raíces indígenas
El suyo fue el octavo de dieciséis nacimientos habidos en el humilde hogar formado por los señores Anatolio Toledo y Margarita Manrique, una pareja de campesinos quechuahablantes sin tierras de la provincia ancashina de Pallasca a la que le tocó la desgracia de ver morir a siete de sus retoños a edades prematuras. Alejandro vino al mundo en Ferrer, la aldea del distrito de Bolognesi donde vivía la familia, pero en su partida de nacimiento se hizo constar la localidad de Cabana, cabeza de un distrito vecino y capital provincial, que era donde estaba la oficina del registro.

Como tantos paisanos sin recursos, los Toledo vivían en una vivienda desprovista de agua y de electricidad. Cuando tenía cuatro años, los padres decidieron abandonar la agricultura y el pastoreo de subsistencia con los que malvivían en esta comarca montaraz de las estribaciones andinas y emigrar a la ciudad costera de Chimbote, la más populosa del departamento de Áncash, atraídos por la prosperidad de su industria pesquera. Mientras el padre laboraba de peón en la construcción y la madre vendía pescado en el mercado, el joven Toledo contribuía a los magros ingresos familiares trabajando de limpiabotas y vendedor ambulante cuando no asistía a clase en la escuelas públicas de primaria San Isidro y Minerva.

Como estudiante de secundaria en la Gran Unidad Escolar San Pedro de Chimbote, el futuro presidente se destacó haciendo sus pinitos literarios y periodísticos, tal que 1966 le tocó en suerte una beca para realizar estudios superiores en Estados Unidos dentro del programa de Voluntarios del Cuerpo de Paz. Posteriormente, ejerciendo de reportero en prácticas en el diario chimbotano La Prensa, tuvo la oportunidad de entrevistar a los más importantes personajes políticos de la época, sin faltar el general y ex presidente republicano Manuel Apolinario Odría Amoretti y Víctor Raúl Haya de la Torre, el carismático líder del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).

Tras completar en 1970 el bachillerato en Economía en la Universidad de San Francisco, donde ganó un dinero extra como asistente de cátedra y presidió la asociación de estudiantes latinoamericanos, optó por seguir formándose exclusivamente con recursos propios, que eran los obtenidos de la práctica del fútbol semiprofesional y de diversos trabajos por cuenta ajena. De esta manera, y tal como asegura su biografía oficial, obtuvo en la también californiana Universidad de Stanford dos licenciaturas seguidas, una en Economía, en 1971, y otra en Educación con mención en Recursos Humanos, en 1972, y a la postre un doctorado en Educación en Recursos Humanos, en 1976. Fue en Stanford donde conoció a la antropóloga judía de nacionalidad francesa, aunque con ascendientes polaco y belga, Eliane Karp Fernenbug, una estudiosa de las civilizaciones precolombinas del Perú, con la que contrajo matrimonio en 1979.

Con un currículum académico inusual para un cholo, tipo racial muy extendido en el Perú que mestiza en mayor o menor grado elementos indios y criollos (blancos), Toledo inició una carrera reputada como economista, profesor, consultor y funcionario internacional. Prestó servicios en el Centro de Educación de Desarrollo Internacional de la Universidad de Stanford (SIDEC), la sede central de la de la ONU, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la UNICEF y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), alternando sus estadías entre Nueva York, Washington, Ginebra y París.

Asesor de diversos gobiernos latinoamericanos además del peruano, ejerció su especialidad asimismo en el terreno académico, principalmente en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN) de Lima, donde obtuvo una plaza permanente de profesor de Finanzas y Contabilidad, dirigió el Instituto de Desarrollo Económico (IDE) y, desde marzo de 1998, dirigió también las áreas de Investigación y Desarrollo y de Asuntos Internacionales. Ya como investigador visitante, ejerció en el Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard (HIID), de 1991 a 1994, y en la Universidad Waseda de Tokyo. En añadidura, en 1984 obtuvo una beca para investigar en la Fundación Ford.

En todos estos años Toledo publicó varios artículos y ensayos entre los que se citan: ¿Puede la política en educación igualar la distribución de ingresos en América Latina?; los casos de Brasil, México y Perú (1979); Crecimiento con deuda e intentos de estabilización en el Perú, 1975-1983 (1985); La década perdida de los ochenta y el reto de crecer en los noventa: la experiencia peruana (1990); Estabilización económica y ajuste social: una evaluación del programa económico de 1990 en el Perú (1990); América Latina en crisis: cómo financiar el crecimiento (1990), y, Las otras caras de la sociedad informal: una visión multidisciplinaria (1991). En la última obra citada, Toledo extendía su comentario, hasta entonces ceñido al análisis económico, a la actualidad política. En una entrevista concedida en 1994 reveló que ya en 1983 empezó una estrategia de influir activamente en la política nacional, con la atención puesta en los programas de desarrollo, pero sin decidir aún hacia dónde canalizar ese compromiso militante, si en un partido político existente o en un movimiento independiente de nuevo cuño.


2. Irrupción en la política con la barrera del encasillamiento racial
Durante el tumultuoso Gobierno del aprista Alan García Pérez (1985-1990), Toledo fue barajado como candidato a ministro en más de una ocasión, pero su servicio público se limitó a la dirección del Banco Sur Medio y Callao (Surmebanc), un cargo de nombramiento gubernamental. Después se aproximó también a la Administración del ingeniero de linaje japonés Alberto Fujimori, el espectacular vencedor en las elecciones de junio de 1990, aunque su autogolpe de Estado de abril de 1992 parece que cortó la comunicación. Tratándose de un partidario de un modelo económico de libre mercado pero sin desatención de la cuestión social, Toledo se vio impelido al activismo político en el campo opositor tras constatar que las recetas neoliberales aplicadas por Fujimori para acabar con la espiral inflacionaria y la deuda heredadas de García, si bien consiguieron estabilizar la macroeconomía, estaban condenando a la pobreza acuciante a millones de peruanos.

En diciembre de 1994 anunció su candidatura para las elecciones presidenciales del 9 de abril de 1995, que debían completar la vasta reforma política lanzada por Fujimori tras el quebranto constitucional de 1992 con el objetivo fundamental de asentarle en el poder. Meses antes de los comicios, Toledo presentó la agrupación electoral País Posible, de orientación centrista, que estableció alianza con la Coordinadora Democrática (Code), dirigida por José Barba Caballero y fundada en 1992. Toledo fue designado candidato presidencial de Code-País Posible y, aunque su condición de ancashino honesto y de inconfundibles rasgos indígenas causó sensación en una lid que había sido siempre el coto de la élite blanca de origen español, lo que tuvo reflejo en los sondeos preelectorales, finalmente cosechó sólo el 3,2% de los sufragios. Le superaron unos candidatos de marcado caché político, empezando por Fujimori (que ganó la reelección por abrumadora mayoría), el prestigiado ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar y Mercedes Cabanillas Bustamante por el Partido Aprista Peruano.

Tras el fiasco electoral de 1995, Code-País Posible se disolvió y su exiguo grupo parlamentario, formado por cinco diputados, se disgregó entre las bancadas de Cambio 90-Nueva Mayoría (C90-NM, el partido fujimorista) y del Frente Independiente Moralizador (FIM). Partiendo casi de cero por segunda vez, Toledo articuló su movimiento como un verdadero partido con el nombre definitivo de Perú Posible, que obtuvo el registro ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 1998, y elevó el tono de sus críticas al Gobierno de Fujimori. En 1996 el economista presentó el manifiesto Cartas sobre la mesa: testimonio y propuestas para un país posible, en el que arremetía contra las políticas económicas de las sucesivas administraciones y su incapacidad para combatir la corrupción y reducir la pobreza. También, concentró su estrategia en la movilización y la captación del voto indígena, cuyo notable potencial, habitualmente menospreciado más allá de los cortejos interesados con concesiones folcloristas, había advertido en los comicios de 1995.

El 17 de diciembre de 1996 Toledo se vio envuelto en una desagradable peripecia en el interior de la Embajada de Japón en Lima. El incidente, que para él duro tres días, comenzó cuando Toledo y los demás invitados a una fiesta organizada por el embajador Morihisa Aoki para celebrar el cumpleaños del emperador Akihito fueron hechos prisioneros por un comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que tomó la residencia diplomática en un golpe de mano y con un plantel de exigencias al Gobierno. El ex candidato presidencial fue liberado en las primeras horas del 20 de diciembre dentro de un grupo de 38 personas entre las que se encontraban los embajadores de Corea del Sur, Brasil y Egipto, dejando atrás a otros 340 rehenes varones, pero no sin antes difundir una proclama de sus captores que fue leída por el político izquierdista Javier Diez Canseco.


3. Ascenso al liderazgo de la oposición al régimen de Fujimori; las denunciadas elecciones de 2000
En la segunda mitad de los años noventa Toledo se mostraba a la opinión pública como un economista poco conocido cuya identificación con la cultura quechua y las reivindicaciones de las comunidades indígenas y mestizas limitaba su proyección política nacional. No fue sino hasta comienzos del año 2000 cuando se encaramó al primer plano, como abanderado de un amplio movimiento de oposición popular a la decisión de Fujimori, anunciada a últimos de diciembre de 1999, de optar al tercer mandato presidencial en las elecciones convocadas para el 9 de abril de aquel año. Toledo, llamado por sus seguidores El Cholo, denunció la empresa reeleccionista del mandatario como una violación de la Constitución y como un intento de perpetuar un régimen muy erosionado por su deriva autocrática y por la impunidad de los casos de corrupción y las violaciones de los Derechos Humanos, pero se aprestó a enfrentársele en las urnas.

Fujimori acudió a la consulta convencido de poder batir, luego de haberlo hecho con Mario Vargas Llosa y Javier Pérez de Cuéllar, los peruanos más internacionales y eminentes, a un político todavía bisoño rodeado de un equipo de colaboradores y con un fondo económico de campaña (indispensable para contrarrestar la maquinaria del oficialismo) que parecían harto precarios. Pero Toledo supo capitalizar el descontento acumulado tras años de fujimorismo y en cuestión de semanas su popularidad creció vertiginosamente, superando la de otros opositores carismáticos como el alcalde limeño Alberto Andrade Carmona, de Somos Perú, y Luis Castañeda Lossio, del Partido Solidaridad Nacional; en realidad, la fulminante progresión del consultor financiero no difería mucho de la experimentada por el propio Fujimori en 1990, cuando el ingeniero, en su caso montado en una plataforma groseramente demagógica, irrumpió en la campaña presidencial desde el anonimato y arrebató la victoria al célebre literato y eterno aspirante al Premio Nobel, quien contaba con el respaldo unánime de los partidos conservadores y el poder empresarial.

De baja estatura, voz ronca, verbo contundente aunque parco, y tonos populistas, Toledo captó de una parte a las clases urbanas medias y bajas de cholos y mestizos, hastiadas de los regateos antidemocráticos de Fujimori y de una política económica que había mermado su poder adquisitivo, y de la otra cautivó a la población india, crónicamente marginada de las distintas facetas de la vida nacional, con una imaginería del glorioso pasado incaico no exenta de redentorismo. El 9 de abril de 2000 la ciudadanía acudió a las urnas con el presentimiento de que la jornada no iba a transcurrir con limpieza y, tan pronto como se cerraron aquellas, los temores se confirmaron.

El escrutinio, caótico, retrasó en varios días la publicación de los resultados y alimentó las sospechas de fraude. Las encuestas a pie de urna concedieron a Toledo una ventaja de cinco puntos, pero los resultados oficiales pusieron a Fujimori en cabeza con el 49,8% de los votos seguido por Toledo con el 40,3%. Como el candidato más votado no había alcanzado el listón del 50%, debía acudir a una segunda vuelta con su perseguidor más adelantado. Lejos de estar satisfecho, Toledo denunció que un "andamiaje fraudulento" le había hurtado las elecciones y el 18 de mayo anunció que no participaría en la segunda vuelta a menos que se desplazara su fecha de celebración del 28 de mayo al 18 de junio, para dar tiempo a corregir las múltiples irregularidades de organización que, a juicio de los observadores de la OEA, iban a impedir unas votaciones libres y limpias. En las legislativas al Congreso, Perú Posible se convirtió en la segunda fuerza en votos (el 23,2%) y en escaños (26 sobre 120), aunque muy rezagado tras la coalición propresidencial Perú 2000.

El 26 de mayo, ante la imperturbabilidad del poder, Toledo solicitó a los electores que boicotearan la segunda vuelta, bien absteniéndose, bien votando nulo. La consumación de la mascarada electoral el 28 de mayo, en la que la papeleta de Toledo, al no haber presentado su renuncia ante el JNE, sí apareció en las mesas electorales y se llevó el 25,7% de los votos válidos mientras que las papeletas nulas (estampadas con la frase "No al fraude") o los sobres en blanco llegaron al 31%, desató la lucha frontal entre Gobierno y oposición. Consciente de que la comunidad internacional simpatizaba con la salida de Fujimori del poder, Toledo apeló al Ejército a que abandonara al presidente y llamó a la movilización y la resistencia pacífica de la población frente a la "dictadura".

De cara a la toma de posesión de Fujimori, el 28 de julio, Toledo convocó una jornada de protesta nacional en la que encabezó una marcha multitudinaria por las calles de Lima, si bien grupos de incontrolados, que según los convocantes actuaron teleguiados por el Gobierno, aprovecharon para provocar desmanes urbanos e incendios en edificios oficiales. Al calor de la protesta, bautizada como "La Marcha de los Cuatro Suyos" (en alusión al Tahuantinsuyu, el imperio inca en su máxima extensión territorial), Toledo anunció la formación de un Frente Democrático Nacional por la Unidad para aglutinar a todas las fuerzas contrarias al fujimorismo. Pese a la amplia condena exterior y a las violentas movilizaciones callejeras, Fujimori pareció seguro de su posición después de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) le manifestaran su acatamiento. Sin embargo, la situación experimentó un drástico viraje el 15 de septiembre cuando el presidente del FIM, Fernando Olivera Vega, divulgó un vídeo en el que se veía a un congresista fugado días atrás a las filas de C90-NM recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos Torres, asesor y colaborador de Fujimori desde el comienzo de su aventura política en 1990.

Apelado el Rasputín Andino por su perfil maquinador, y verdadera bestia negra de la oposición, a Montesinos se le tenía por el responsable encubierto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y por el cerebro de las operaciones represivas contra el terrorismo. La opinión pública había personificado en él las graves violaciones de los Derechos Humanos imputadas al régimen y los fenómenos de corrupción, y Toledo en particular le había señalado como el inductor del sospechoso trasiego de tránsfugas al grupo parlamentario fujimorista, que para él, no tenía duda, se agilizaba a golpe de talonario.

La reacción, el 17 de septiembre, de Fujimori fue anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas, la entrega de la Presidencia al ganador de las mismas y la desactivación del SIN. En las semanas siguientes el país vivió momentos de gran alarma y confusión, con la fuga y retorno clandestinos del escurridizo Montesinos, ruidos de sables en los cuarteles militares y un presidente que no terminaba de aclarar su ambigua relación con el, oficialmente desde ahora, fugitivo más buscado del país. Para Toledo, Olivera y demás figuras de la oposición, el régimen fujimorista había empezado a descomponerse. Sin embargo, apelaron a la prudencia y, después de exigir la partida inmediata de Fujimori y el nombramiento de un Gobierno interino, accedieron a negociar una serie de reformas legales para apuntalar en un sentido democrático la transición hasta el traspaso de poderes en julio de 2001. El cambio más importante fue la derogación de la reelección presidencial consecutiva.

El autoexilio disimulado en Japón, el 20 de noviembre, de un Fujimori confrontado a una situación insostenible fue celebrado como un día fausto para el Perú por Toledo, que canceló su gira europea y retornó apresuradamente desde Madrid para integrarse en las negociaciones multipartitas destinadas a cerrar cuanto antes el peligroso vacío de poder. El 22 de noviembre el Congreso, tras recibir la dimisión de Fujimori vía fax, invistió presidente constitucional con mandato interino a Valentín Paniagua Corazao, hasta entonces presidente de la Cámara y miembro del partido conservador Acción Popular (AP), y tres días después se constituyó un Gobierno de unidad nacional presidido por Pérez de Cuéllar en el que Perú Posible estuvo representado por el abogado Diego García-Sayán Larrabure con la cartera de Justicia.


4. Elección presidencial en 2001 con garantías democráticas
Toledo, que acababa de terminar su último libro, El desafío del Perú: tránsito del ajuste al crecimiento económico sostenido, se prefiguraba como el más que probable ganador de las elecciones del 8 de abril de 2001, pero le salió un contrincante de envergadura, el ex presidente Alan García. En un país donde florecían los candidatos de desarrollo meteórico, García retornó al Perú en enero luego de casi nueve años de exilio, presto a sacudirse del oprobio adquirido por la ruinosa gestión económica de su primer mandato y los cargos judiciales por corrupción, para lo que confiaba en unos atributos personales sobre los que había unanimidad: su oratoria brillante, su buen porte de mestizo criollo y el desenvolvimiento experto ante los medios audiovisuales por quien sabía muy bien cómo seducir a un electorado tornadizo.

Toledo rehusó entrar en polémicas con García (que aún estaba relegado en las encuestas de opinión) y entabló el antagonismo con la conservadora Lourdes Flores Nano, candidata de la Unidad Nacional (UN), coalición conservadora capitaneada por el Partido Popular Cristiano (PPC). La campaña discurrió por una espiral de descalificaciones personales y de aventamiento de trapos sucios, que, por lo que a Toledo incumbía, incluyó la acusación de negarle la paternidad a una niña de 13 años llamada Zaraí que era fruto de una relación extramarital, la divulgación de detalles sobre las peleas conyugales con Eliane Karp (a la sazón, una persona clave en la campaña de Toledo como promotora de su imagen de vindicador de los indios) y el cuestionamiento de un supuesto secuestro sufrido en 1998 y denunciado a la Policía, en el que el político habría sido drogado y filmado por agentes del SIN; así, dos medios de comunicación aseguraron poseer una cinta de vídeo en la que aparecía Toledo bajo los efectos del alcohol y la cocaína, y con compañía femenina en un hotel de Lima.

El caso de la hija ilegítima, testimoniado por la madre, ya lo habían difundido los medios adictos al fujimorismo durante la campaña presidencial de 2000, sólo que entonces se insertó en las insidias del omnipresente Montesinos. Ahora, Toledo dio largas a los que le pidieron que se sometiera a la prueba del ADN antes de las elecciones, pese a que el asunto le podía perjudicar grandemente. En cuanto al mentís del secuestro y el rumor del vídeo escabroso los achacó a un "operativo de demolición" orquestado por personas del entorno de Flores y por empresarios que habían colaborado con Fujimori, todos los cuales estarían "asustados con la posibilidad de que el pueblo pueda ser Gobierno". Más aún, aseguró que había recibido más de cien amenazas de muerte en los últimos meses.

En cuanto a su oferta programática, el líder de Perú Posible planteó un centrismo que aunaba la defensa liberal del equilibrio financiero, la emisión de moneda debidamente respaldada, la reducción de los impuestos y los incentivos a la inversión privada nacional y foránea, con propuestas de signo social, como la concesión de préstamos a bajo interés a agricultores y pequeños propietarios por un nuevo Banco Agrario, la duplicación de los presupuestos destinados a la salud y la educación, y la creación en cinco años de un millón de puestos de trabajo, la mayoría en el sector turístico. También, prometió emprender una lucha enérgica contra el narcotráfico, los residuos de la subversión armada y la corrupción, ésta última acrecentada a ojos vista durante la década de Fujimori por culpa de la vasta red delictiva montada por Montesinos, pero no se anduvo en detalles en torno a temas tan importantes como la reducción de la pobreza o la depuración de los mandos militares y de los servicios de seguridad implicados en violaciones de los Derechos Humanos, lo que precisaría una profunda reestructuración de las Fuerzas Armadas y policiales.

El caso fue que García se benefició de la guerra de insultos y acusaciones librada por Toledo y Flores. El ex presidente les adjudicó las etiquetas de "izquierda" y "derecha", respectivamente, para situarse él en el centro, y se hizo destacar con discursos moderados y propuestas concretas de gobierno, presentándose como un estadista experimentado y sobrio, que había aprendido de los errores del pasado. Como compañeros de plancha Toledo escogió a Raúl Díez Canseco Terry (candidato presidencial de AP en 1995 y sobrino del dos veces presidente Fernando Belaúnde Terry), para vicepresidente primero, y a David Waisman Rjavinsthi, para vicepresidente segundo.

El 8 de abril Toledo certificó su condición de favorito poniéndose en cabeza con el 36,5% de los sufragios. Finalmente fue García, que se adelantó a Flores con el 25,8% de los votos, su adversario singular en la segunda vuelta. En las elecciones al Congreso, Perú Posible conquistó una mayoría simple de 45 escaños con el 26,3% de los votos, superando sensiblemente al PAP de García (26 escaños) y a la UN de Flores (17), y abrumadoramente al otrora todopoderoso C90-NM (tres escaños), el cual, barrido de la escena su fundador y animador, parecía abocado a la desaparición.

Hasta el día de la segunda vuelta, Toledo sostuvo con su contrincante socialdemócrata un debate televisado del que salió bastante bien parado, más que nada porque los candidatos se neutralizaron mutuamente con vituperios irónicos (García fue calificado de violador de Derechos Humanos y ladrón, y Toledo de consumidor de cocaína poco legitimado para dar consejos de moralidad) y soslayaron los aspectos que más preocupaban a la población, a saber: las penurias económicas, la corrupción y los abusos de las fuerzas de seguridad. La franja de electores indecisos iba a resultar decisiva para decantar la balanza hacia uno u otro aspirante, y el 3 de junio fue Toledo, con el 53,1% de los votos válidos, el beneficiado. Sin duda, en última instancia prevalecieron el recuerdo de la calamitosa gestión de García, el cual que reconoció inmediatamente su derrota, y el reconocimiento de los méritos de Toledo en la caída del régimen de Fujimori y en el retorno a un orden de auténtica democracia. Con todo, no podía hablarse exactamente de luna de miel entre el electorado y el líder de Perú Posible, más si se tenían presentes los casi 1,7 millones de votos nulos o en blanco, que alcanzaron un alto porcentaje en Lima.

El presidente electo, cuarto mandatario cholo desde 1930 tras Luis Miguel Sánchez Cerro, Manuel Apolinario Odría y Juan Velasco Alvarado (si bien los tres fueron militares que tomaron el poder por la fuerza, amén de que en sus rasgos físicos predominaba mucho más la raigambre blanca que la indígena), comunicó su esperanza de formar un gabinete de unidad nacional con presencia de todas las fuerzas políticas "libres de corrupción" y dispuestas a la concertación. De entrada, los candidatos derrotados García y Olivera le ofrecieron su colaboración, si bien el aprista dejó claro que su lugar estaba en la oposición parlamentaria. Por otro lado, el que se anunciaba como principal quebradero de cabeza del futuro presidente, el paradero y la impunidad del inquietante Montesinos, quedó ventilado con la detención del prófugo en Venezuela el 24 de junio y su inmediato traslado al Perú para responder ante la justicia por 43 causas penales y 140 denuncias que le incriminaban en una amplísima variedad de delitos.

En esta atmósfera de optimismo por los avances en la regeneración del sistema político heredado del fujimorismo y por la efectiva normalización democrática tuvo lugar el 28 de julio de 2001 la investidura de Toledo, a la que asistió una nutrida representación de mandatarios de países amigos. En el flamante Gabinete destacaban Fernando Olivera como responsable de Justicia y notorios partidarios de la libre empresa y la disciplina fiscal como Roberto Dañino Zapata, nombrado presidente del Consejo de Ministros, y Pedro Pablo Kuczynski Godard, que recibió la cartera de Economía y Finanzas. La inclusión por Toledo de estos independientes liberales levantó dudas sobre cómo iban a cumplirse las importantes promesas sociales al tiempo que se reajustaba la desfalleciente economía. En añadidura, dos civiles, el vicepresidente David Waisman y Fernando Rospigliosi Capurro, asumieron respectivamente los ministerios de Defensa e Interior, lo que no tenía precedentes en las últimas presidencias republicanas. El Ministerio de Relaciones Exteriores fue confiado por Toledo a uno de sus más cercanos colaboradores, Diego García-Sayán.

En su discurso inaugural, Toledo anunció una amplia reforma de la institución castrense, la congelación pactada con los gobiernos del hemisferio del comercio de armas, el compromiso de institucionalizar la recientemente creada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para esclarecer y reparar las violaciones de los Derechos Humanos cometidas al amparo de la guerra contra la subversión, y la convocatoria de una Mesa internacional de Donantes presidida por España para la obtención de 500 millones de dólares cuyo destino prioritario sería el capítulo social. También, reiteró que el eje central de su Gobierno iba a ser el combate contra el desempleo, la pobreza, la corrupción y el narcotráfico (en los dos últimos casos a través de una nueva oficina directamente dependiente de la Presidencia), y subrayó la necesidad de desarrollar la industria turística como una fuente de ingresos de primer orden.

Al día siguiente de la jura oficial en el Palacio del Congreso de la República en Lima, Toledo completó los actos de inauguración en la ciudadela andina de Machu Picchu, donde, flanqueado por sacerdotes indígenas engalanados para el ceremonial que le ensalzaron como un nuevo Pachacútec (el gran emperador que auspició la expansión imperial inca a mediados del siglo XV), entroncó simbólicamente el inicio de su mandato quinquenal con el glorioso pasado incaico y proclamó el "nuevo amanecer" del Perú. La coincidencia de presidentes de la región fue aprovechada por éstos para celebrar una cumbre extraordinaria de la Comunidad Andina (CAN).


5. Un prematuro desgaste en el poder
Toledo inició su mandato con una batería de medidas que perseguía elevar el poder adquisitivo de la población y dinamizar la demanda interna. Así, el Gobierno puso en marcha un Programa de Emergencia Social Productivo (PESP) cuya financiación se confió en buena parte a las ayudas externas y dispuso un abaratamiento de las tarifas eléctricas para los pequeños consumidores. El Congreso aprobó una rebaja del Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES) del 5% al 2% y una subida del 9% en las pensiones y salarios del sector público. Al mismo tiempo, para mejorar las perspectivas fiscales a corto plazo, el Ministerio de Economía y Finanzas revirtió la mayoría de los descuentos fiscales introducidos por el Gobierno transitorio de Paniagua y subió el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de los combustibles.

A principios de octubre de 2001 Toledo anunció la revisión por el Gobierno de los balances económicos, ya que tenía fundados indicios para creer que la Administración de Fujimori los había maquillado, sobre todo la situación de las finanzas del Estado y las tasas anuales de crecimiento. La estimación de que se tenía que lidiar con un déficit público de 2.000 millones de soles (571 millones de dólares), en lugar de los 1.000 millones que indicaban los últimos datos del anterior ejecutivo, y de que el PIB había crecido en los últimos años un promedio anual, no del 3,9%, sino del 1,9%, hasta registrar una contracción del 1,7% en el primer semestre de 2001, desbarataba, de hecho, el compromiso adquirido con el FMI para la elegibilidad crediticia del Perú sobre la base del mantenimiento del déficit fiscal por debajo del 1,5% del PIB, y convertía en incierta la predicción por el equipo económico del presidente de una tasa de crecimiento para 2002 del 5,5%. El año en curso iba a terminar con un crecimiento positivo de únicamente medio punto porcentual.

El anuncio por Toledo de que la coyuntura económica era mucho menos robusta de lo creído y su insinuación de que el esperadísimo crecimiento del empleo y los salarios y, en definitiva, la prometida prosperidad, tendrían que esperar mejores tiempos, se produjo cuando ya afloraban, y con intensidad, muestras de impaciencia y descontento por la falta de concreciones en todos los terrenos, excepciones hechas de la obtención de 1.000 millones de dólares en la conferencia de donantes celebrada en septiembre en Madrid y de los primeros pasos dados para la institucionalización de la CVR sobre la violencia en los años de la guerra sucia, que en abril de 2002 inició en Ayacucho sus audiencias públicas.

La presencia en Lima el 23 y 24 de noviembre, dando una imagen de apoyo al mandatario, de una veintena de jefes de Estado y de Gobierno con motivo de la XI Cumbre Iberoamericana, de la que salió una importante declaración de rechazo al terrorismo, no le reportó a Toledo ningún dividendo en términos de popularidad interna, la cual, al contrario, presentaba visos de derrumbarse cuando habían transcurrido cuatro meses tan sólo desde la toma de posesión. Según encuestas periodísticas elaboradas en noviembre, la mitad de sus votantes de junio le había retirado ya la confianza al presidente. Toledo era amonestado por su incapacidad para cumplir lo mucho prometido, por su impericia en el manejo de la cosa pública y por no mostrar suficiente liderazgo a la hora de confrontar los problemas nacionales. Una veloz erosión que resultó tanto más sorprendente cuanto que los jefes de la oposición, García y Flores, rehuyeron la confrontación e incluso fueron receptivos a las fórmulas de consenso.

En los meses siguientes, causó particular irritación en la opinión pública, preocupada por la extensión de la pobreza en la sociedad, un reguero de informaciones sobre los gastos suntuarios del Estado, los elevados emolumentos de los representantes públicos (incluido el nuevo sueldo bruto del presidente, de 18.000 dólares al mes, una cantidad exorbitante que, por ejemplo, triplicaba el salario del presidente del Gobierno de España) y la participación de su entorno familiar en oportunidades crematísticas, como las contrataciones como consultores de un sobrino, Jorge Coqui Toledo Velásquez, para prestar servicios informáticos a la Presidencia, y de su propia esposa, por el banco privado Wiese Sudameris, el segundo del país y ligado a los chanchullos financieros de Montesinos. Jorge Toledo renunció a su cometido el 14 de diciembre de 2001 pese a que la Contraloría General de la República no había detectado indicios de nepotismo en su reclutamiento profesional, presentado como una subcontrata del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que habría sido su pagador, y no el Estado, con un sueldo mensual de 5.000 dólares.

En cuanto a Karp, que había mantenido en secreto dicha actividad y proclamado su dedicación exclusiva a las tareas caritativas propias de su condición de primera dama, ante la polvareda levantada, hubo de renunciar al salario mensual de 10.000 dólares que le pagaba el Wiese Sudameris. En julio de 2003 la pelirroja esposa del presidente, retratada a sí misma como una campeona de la multiculturalidad y la causa indigenista, iba a situarse otra vez en el ojo de la polémica por su actuación como presidenta ad honorem de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA), un puesto no remunerado que sin embargo le permitió realizar, echando mano a informes ya elaborados por la institución, una investigación sobre la evolución del movimiento indígena peruano por encargo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), la cual le abonó por el trabajo 48.000 dólares en la forma de ocho mensualidades de 6.000 dólares; Karp abandonó la CONAPA, pero el dinero percibido por la CAF en concepto de "honorarios" quedó en su bolsillo.

Otro ingrato sobresalto para el presidente fue el atentado perpetrado con dos coches bomba en las cercanías de la embajada de Estados Unidos en Lima el 21 de marzo de 2002, en vísperas de la llegada del presidente George W. Bush, que mató a nueve personas y que se atribuyó a elementos reorganizados de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, prácticamente desarticulada por Fujimori. El sangriento episodio fortaleció el compromiso adquirido el día 23 por Toledo y Bush, en la primera visita de un mandatario estadounidense al Perú, que incorporó al país andino en la estrategia global de la potencia norteamericana contra el terrorismo, con el ojo puesto en esta región en las actividades de las guerrillas colombianas. A cambio, Toledo recibió de Washington un fuerte espaldarazo diplomático y el compromiso de aumentar en 2003 la ayuda de 150 millones de dólares asignada a 2002, que a su vez duplicaba la concedida en 2001.

Los parabienes estadounidenses le cayeron a Toledo, pese a los cuasi escándalos que afectaban a miembros de su familia, en un momento constructivo de la política doméstica. El nuevo talante que debía caracterizar las relaciones entre los actores políticos y sociales arrancó el 5 de marzo con la firma por el presidente, el primer ministro Dañino, los cabezas de todas las fuerzas parlamentarias salvo el grupo fujimorista —es decir, Alberto Cruz Loyola por Perú Posible, García por el PAP, Flores por la UN, Olivera por el FIM, Ernesto Blume Fortini por Somos Perú, Paniagua por AP y Aldo Estrada Choque por la Unión por el Perú (UPP)— y seis líderes religiosos, gremiales y sociales del denominado Compromiso de Dialogo para un Acuerdo Nacional. Posteriormente inició sus trabajos el Foro del Acuerdo Nacional, con la misión de establecer directrices de acción concertada en cuatro grandes terrenos: Democracia y Estado de Derecho, Equidad y Justicia Social, Competitividad del País, y Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.

Aunque plenamente operativo, el Acuerdo Nacional fue, sin embargo, un espejismo en el sentido de que no consiguió transmitir la imagen de normalidad que Toledo buscaba para el país. En junio de 2002 todavía no se había cumplido el primer año del mandato presidencial cuando un apresurado y no suficientemente explicado proceso de privatización de dos compañías eléctricas que abastecían a los departamentos meridionales de Arequipa y Tacna, Egasa y Egesur, provocó en la segunda ciudad del país una ola de protestas en la que sindicatos y organizaciones vecinales retaron a las autoridades con manifestaciones, huelgas de hambre y actos de desobediencia civil. La población arequipeña manifestó de esta manera su temor a que la venta de Egasa y Egesur a la compañía belga Tractebel —sospechosa de pagar sobornos a altos funcionarios durante la etapa de Fujimori— se tradujera en una subida de las tarifas y en despidos laborales. El Gobierno esperaba obtener de esta operación 800 millones de dólares con los que hacer frente al déficit fiscal del 2,5% y costear proyectos de infraestructura.

Las protestas captaron a otros colectivos de trabajadores y actores sociales y no tardaron en extenderse a Tacna, Cuzco y a la propia Lima, donde las organizaciones sindicales llamaron a una movilización nacional con la exigencia de que Toledo abandonara su política económica "neoliberal" y echara del Gobierno a Roberto Dañino y a Pedro Pablo Kuczynski, considerados los principales artífices de una política que dejaba en un segundo plano las necesidades sociales. La gravedad de los disturbios en varios departamentos del país, que en Arequipa tenían visos de revuelta ciudadana, indujo al presidente a declarar el 17 de junio el estado de emergencia por un mes, pero días después se plegó a la suspensión de la privatización de las eléctricas y al levantamiento del decreto de excepción en Arequipa.

Con esta retractación, Toledo logró apaciguar la peligrosa contestación urbana, pero pagó con la merma de credibilidad de su Gobierno, donde traslucieron divergencias ideológicas. El ministro del Interior, Rospigliosi, presentó la dimisión en desacuerdo con la suspensión de las privatizaciones, pero esta salida no cerró la crisis del Ejecutivo, así que el 11 de julio Toledo hubo de realizar una profunda remodelación que fue vista como una claudicación ante los movimientos sociales, en particular el muy militante Frente Amplio Cívico de Arequipa: Dañino, Kuczynski y de paso García-Sayán fueron removidos de sus puestos y reemplazados respectivamente por Luis Solari de la Fuente, Javier Silva Ruete y Allan Wagner Tizón. Con estas mudanzas, Toledo reforzó el componente político de su equipo en beneficio de Perú Posible y en menoscabo del FIM, cuyo jefe, Olivera, dejó también la cartera de Justicia. El debilitamiento del sector liberal ortodoxo en el seno del Gobierno y el nombramiento de personalidades (Solari y Wagner) en buenas relaciones con Alan García dieron pábulo a una hipotética entrada en el Ejecutivo del PAP, sustituyendo al FIM como socio de coalición.


6. Sucesión de crisis políticas y escándalos en un contexto de estabilidad económica
El tumulto de Arequipa del verano de 2002, saldado en derrota para el Gobierno, sólo fue el comienzo de una larga secuencia de contestaciones sociales, barquinazos presidenciales y crisis gubernamentales que se prolongó hasta el final del quinquenio, poniendo de manifiesto en todo momento la minoría del oficialismo en el Congreso y la debilidad política de Toledo. Observadores locales estimaron que, paradójicamente, si Fujimori había caído, entre otras razones, por su autoritarismo, Toledo podía correr la misma suerte por lo contrario, por su falta de resolución a la hora de ejecutar los numerosos planes que seguían en el tintero y de poner orden en las relaciones entre los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, donde proliferaban las iniciativas legales dispares.

Desde febrero de 2003, después de verse obligado a reconocer la paternidad (18 de octubre) de Zaraí, dando la razón a la madre de la muchacha, Lucrecia Orozco, tras una década de litigios, y de encajar (17 de noviembre) los pésimos resultados para su partido de las elecciones municipales y a los 25 nuevos consejos regionales creados por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (promulgada el 16 de noviembre), Toledo hubo de vérselas con un rosario de movilizaciones, bloqueos viales y huelgas sectoriales que el 27 de mayo desembocó en la declaración del estado de emergencia por un mes en todo el territorio nacional.

Los primeros en salir a protestar fueron los cultivadores de hojas de coca del departamento de Ucayali, enfurecidos con la detención en Ayacucho de uno de sus líderes, Nelson Palomino, secretario general de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle del Río Apurímac-Ene (FEPAVRAE) y de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONAPACCP), y con el plan del Gobierno, consecuencia de las presiones de Estados Unidos, de proceder a la erradicación forzosa de los cocales de manera gradual y bajo la promesa de introducir cultivos alternativos. El clima de desgobierno se agravó con una huelga indefinida lanzada en demanda de mejoras salariales por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en el Perú (SUTEP), que el estado de emergencia no logró atajar, y otra de los trabajadores de la sanidad pública. Sondeos del momento indicaban que el presidente sólo era apoyado por el 11% de la población.

En estas circunstancias, Toledo volvió a recurrir a la fórmula de la renovación gubernamental como la única manera de apaciguar el enfado social. El 23 de junio el primer ministro Solari anunció la dimisión en bloque del Gabinete y el presidente inició conversaciones con uno de los políticos más veteranos e influyentes del país, Luis Bedoya Reyes, el octogenario fundador del PPC. Sin embargo, Toledo y Bedoya no se pusieron de acuerdo y la presidencia del Consejo de Ministros recayó, el día 28, en una independiente, la abogada y ex senadora Beatriz Merino Lucero, actualmente responsable de la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria (SUNAT).

En la ceremonia de jura del nuevo Gabinete, donde Jaime Quijandría Salmón sucedía a Silva Ruete en Economía y Finanzas, Toledo entonó un vehemente mea culpa con el que reconoció que las debilidades de su Gobierno lo habían aislado de los peruanos. "De repente me he desenganchado de mi pueblo, hemos cometido errores, juzguen ustedes nuestras flaquezas", confesó Toledo a un pueblo al que le habían "robado la fe y la esperanza" y al que él debió haber explicado "la pesada carga que recibía luego de diez años de autoritarismo", ya que aunque en 2001 su intención no fue engañar ni mentir a los peruanos, el caso fue que encontró "la caja vacía". Con todo, el mandatario exhortó a ser optimistas: "Hay luz al final del túnel. Le pido al pueblo que no desconfíe de todos; los que sembraron la desconfianza están fuera del país o en la cárcel".

En su alocución Toledo se comprometió a que el Estado prevaleciera en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Precisamente, unos días después, Sendero Luminoso reaparecía tendiendo una emboscada a una patrulla militar en un paraje selvático próximo a la aldea ayacuchana de Matucana Alta y matando a siete soldados y ronderos (autodefensas civiles). La pervivencia de los zarpazos esporádicos del MRTA y Sendero Luminoso, pese a haber quedado reducidas ambas organizaciones guerrillero-terroristas a su mínima expresión tras años de combate por el Ejército y la captura de sus principales dirigentes, puso la antesala a la publicación el 28 de agosto de 2003 del Informe Final de la CVR sobre la violencia política que asoló el país entre 1980 y 2000. Toledo recibió del presidente de la CVR, Salomón Lerner Febres, un documento que fijaba en 69.280 los asesinados y desaparecidos en esas dos décadas a manos de las fuerzas de la seguridad del Estado y, sobre todo, de Sendero Luminoso, considerado el principal violador de los Derechos Humanos con desenlace de muerte. El balance luctuoso más que duplicaba la cifra de víctimas barajada hasta ahora. El impacto del informe en la opinión pública fue muy considerable y Toledo, aunque no tenía ninguna responsabilidad personal en los actos documentados, se vio obligado a pronunciarse por lo que correspondía de asumir al Estado.

El 21 de noviembre de 2003, con una demora que disgustó a las asociaciones de víctimas civiles, el presidente emitió un comunicado a la nación con dos contenidos: primero, una petición de perdón en nombre del Estado a todas las víctimas, toda vez que "la exclusión social, la falta de presencia del Estado y el abandono fueron el caldo de cultivo de la ideología demencial y terrorista que se ensañó con los peruanos más pobres"; segundo, el anuncio de ejecución de aquí a 2006, de acuerdo con la recomendación de la CVR de que el Estado sufragara reparaciones colectivas, de un Plan de Paz y Desarrollo (PPD) en beneficio de las víctimas y sus familiares con un presupuesto de 2.845 millones de soles (817 millones de dólares). Personas y organizaciones pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) valoraron positivamente el gesto de compunción presidencial, pero lamentaron que el PPD no contemplara, explícitamente al menos, las indemnizaciones individuales, ya que las compensaciones económicas colectivas destinadas a las comunidades golpeadas por la violencia tomaban la forma de una inversión social —por otro lado, una obligación de todo gobierno— que no garantizaba el justo resarcimiento a las víctimas específicas.

A vueltas con la inestabilidad gubernamental, el 12 de diciembre de 2003 Toledo pidió la dimisión en pleno del Gabinete a rebufo de un reguero de informaciones denunciando la proliferación en los despachos ministeriales de tráfico de influencias y nepotismo a favor de familiares, amigos y hasta de amantes de los titulares. Los principales sospechosos de prácticas irregulares, la primera ministra Merino y el vicepresidente Díez Canseco, figuraron entre los miembros del Gobierno que el 15 de diciembre tuvieron que hacer mutis: la primera dejó paso a Carlos Ferrero Costa, miembro de Perú Posible y hasta hacía poco presidente del Congreso, y el segundo cesó como ministro de Comercio Exterior y Turismo. También cambiaron de titulares los ministerios de Exteriores y Defensa, donde entraron respectivamente Manuel Rodríguez Cuadros y el general retirado Roberto Enrique Chiabra León.

Nada de lo que hiciera Toledo parecía servir para atajar una racha de escándalos que, antes al contrario, ganó virulencia al comenzar 2004. El 30 de enero Díez Canseco, en la cuerda floja desde diciembre y con dos acusaciones constitucionales abiertas por el Congreso, dimitió entre mentís de que una exención fiscal decretada por él en calidad de ministro para los restaurantes del aeropuerto internacional de Lima buscara beneficiar al padre de su novia de 26 años, el cual regentaba uno de estos negocios. Al día siguiente, Toledo tuvo que salir a desmentir que él o su gobierno tuvieran algo que ver con una reunión secreta mantenida dos años atrás por un íntimo asesor presidencial, César Almeyda, y el general Óscar Villanueva Vidal, quien se encontraba prófugo de la justicia como presunto integrante de la trama corrupta de Montesinos y que luego se quitó la vida estando bajo arresto domiciliario, encuentro en el que —así se desprendía de unas grabaciones sonoras divulgadas por el periódico opositor Correo de Lima— se habló de seleccionar a los jueces del caso y de comprar a alguno de ellos.

El 15 de febrero, días después de cruzar el ecuador de su presidencia, un agobiado Toledo precipitó la quinta mudanza gubernamental en 30 meses largos de mandato con el nombramiento de siete nuevos ministros, todos tecnócratas apartidistas. El FIM, único aliado con que contaba el presidente, se automarginó del Ejecutivo, donde hasta ahora tenía dos ministros, por decisión de Fernando Olivera, actualmente embajador en España y con una investigación abierta por la Fiscalía de la Nación por su posible vínculo con la trama Almeyda-Villanueva, lo que él negaba con gran vehemencia. Olivera, el paladín contra la corrupción, enemigo declarado de Fujimori y de García, pero ahora él mismo sospechoso de deshonesto, puso su cargo diplomático a disposición de Toledo, quien le ratificó en el mismo. El FIM, además, aunque apeado del Gobierno, siguió respaldando a Perú Posible en el Congreso.

El impactante retorno de Kuczynski a Economía y Finanzas indicó que Toledo otorgaba prioridad a las buenas relaciones con los organismos internacionales y los inversores foráneos, a los que ante todo importaba la seguridad jurídica de sus negocios, frente a la reconciliación con una población que, según las últimas encuestas, ya sólo le aceptaba en un 7%. Quien se definía como un político de la "tercera vía moderna adecuada a América Latina" y como un partidario de la "economía de mercado con rostro humano", aun reconociendo errores propios como había sido depositar su confianza en Almeyda, achacaba todo el "ruido político" y la "desestabilización" a una "mafia fuji-montesinista" que no le perdonaba "haber liderado una movilización de millones de peruanos que terminó con un dictadura corrupta" y cuyo interés era "minar la democracia para tener impunidad".

El 14 de julio de 2004, precedida por la destitución parlamentaria (5 de mayo) del ministro Rospigliosi con el voto de diputados de Perú Posible y el FIM —por la pasividad mostrada por los agentes del Interior en el linchamiento mortal del alcalde de la localidad puneña de Ilave a manos de una turba de paisanos que le acusaba de corrupto—, la dimisión (7 de junio) del responsable de Agricultura, José León Rivera —después de mostrarse evidencias de que su familia administraba en la ciudad de Trujillo un prostíbulo donde aparentemente ejercían jóvenes menores de edad—, y una serie de estallidos de violencia social en distintos puntos del país, tuvo lugar la primera huelga general de la presidencia de Toledo. Convocados por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y apoyados desde el Congreso, aunque con matices, por el PAP, los huelguistas exigían al Ejecutivo un cambio radical en su política económica de responsabilidad fiscal y crediticia, un golpe de timón hacia la izquierda en la gestión de los recursos públicos y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para fundar "una nueva República democrática, social y descentralista", que dejara atrás el marco legal heredado del fujimorismo.

Tras esta prueba de fuerza de sus numerosísimos detractores, Toledo vio cómo las andanzas de sus deudos más cercanos, que la opinión pública no podía creer fueran desconocidas por el presidente, volvían a atizar los más furiosos escándalos. En septiembre de 2004 el contralor general de la República, Gerardo Matute Mejía, declaró que su oficina había tramitado hasta la fecha 42 investigaciones de actividades sospechosas realizadas por una veintena de hermanos, cuñados y sobrinos de Toledo. Una hermana mayor, Margarita, tenía a sus espaldas sendas investigaciones del Congreso y del Ministerio Público por presunto tráfico de influencias en la adjudicación para un amigo de un contrato con la autoridad portuaria y por presunta organización de la trama de falsificación de firmas que habría permitido a Perú Posible inscribirse como partido político en 1998 y concurrir a las elecciones de 2000. En relación con este último caso también fueron denunciados el esposo de Margarita Toledo, Edwin Suárez Flores, una cuñada de la pareja, Carmen Rosa Velázquez Taboada, cuatro sobrinos del presidente (Roberto Carlos Toledo Vereau, Walter Manrique Plácido, Vicente Pinedo Manrique y Nancy Toledo Velásquez) y así hasta 25 personas.

Asimismo en septiembre de 2004, un hermano menor, Pedro, fue denunciado por la fiscal anticorrupción por haber, presuntamente también, hecho valer su apellido en la concesión por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a una empresa a él vinculada, Telecomunicaciones Hemisféricas, de una lucrativa contrata para el servicio de telefonía fija entre Lima y Callao; poco después, el juez anticorrupción Saúl Peña Farfán incoó proceso criminal contra Pedro Toledo por unos supuestos delictivos de tráfico de influencias, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. El mayor de los hermanos Toledo, Luis, además de dar mucho que hablar por su carácter irascible y violento (agredió físicamente a un grupo de reporteros que lo seguía en automóvil e incluso a un motorista que, tendido en la carretera, acababa de ser atropellado por el camión en el que él viajaba de copiloto) y de arrastrar una trayectoria de líos con la justicia, fue igualmente denunciado y procesado en calidad de cómplice en un delito de peculado en el uso para actividades personales de vehículos del parque móvil del Estado. Otro hermano, Fernando, fue involucrado en junio en la manipulación de la ONG Aprodebi con el fin de ganar licitaciones públicas del MTC para la construcción de un tramo de carretera en Áncash.

La esposa de éste y cuñada del presidente, Juana Rodríguez, fue procesada por el 33 Juzgado Penal por haber orquestado la colocación de varios militantes de Perú Posible en la nómina del Ministerio de Educación. En cuanto a Eliane Karp, sus actividades no terminaban de zafarse de sospechas. El último descubrimiento fue que había cobrado honorarios por la consultoría realizada a un banco local a través de una empresa afincada en Panamá cuyo representante legal era nada menos que César Almeyda, el ahora encarcelado ex asesor presidencial. Por si este cúmulo de presuntas corruptelas económicas no fuera suficiente, la reputación de la vasta familia Toledo fue puesta todavía más en entredicho por algunos de los sobrinos del presidente, que se vieron envueltos en delitos barriobajeros, alguno de mucha gravedad.

Así dejando a un lado a Jorge Toledo Velásquez, ya eximido por la fiscalía de un supuesto ingreso patrimonial excesivo, y a los cuatro sobrinos implicados en el caso de las firmas falsas, fueron reclamados por la justicia: Williams Toledo Rodríguez, acusado de agredir a un vigilante de un local nocturno de Lima y al que en enero de 2006, más de dos años después del hecho imputado, le iban a caer una condena de 16 meses de prisión suspendida y una multa de 4.000 soles; Fernando Manrique Quipusgo, alias Filete, miembro del equipo de seguridad de su tío en el Palacio de Gobierno, quien se las arregló para no rendir cuentas por su presunta dirección de una trama mafiosa dedicada a traficar con medicinas y ropa donadas al Estado por entidades benéficas; y Miguel Toledo Manrique, de 34 años, que fue denunciado por una joven por haberla drogado y violado en un hotel en marzo de 2004, tras lo cual iba a ser enjuiciado en rebeldía y por último, en febrero de 2006, capturado y condenado a servir "cuatro años de prisión suspendida, condicionalmente a tres años", y a pagar una indemnización de 8.000 soles, sentencia que fue considerada "indignante" y una "burla" por la defensa y por asociaciones de mujeres.

En todo este tiempo Toledo no se cansó de diagnosticar, y razón no le faltaba, la excelente salud de la economía peruana. En efecto, el PIB estaba creciendo entre un 4% y un 5% anual, ritmo que iba a ser superado por el 6,3% con que iba a cerrar 2005, la tasa más elevada en ocho años. El país marchaba, y todos los sectores, salvo el agrícola, tiraban hacia delante: las manufacturas y procesados industriales (textiles, algodón, cemento), la minería (muy en especial la del cobre y el zinc, extraídos por la compañía Antamina), la pesca y sus derivados (harinas) y los hidrocarburos, donde se hizo notar espectacularmente el arranque del Proyecto Camisea, la explotación de los yacimientos de gas natural cuzqueños San Martín y Cashiriari. Al fausto comportamiento del PIB peruano contribuían tanto la demanda interna y la inversión privada como el sector exterior.

El superávit de la balanza comercial y el aumento de las transferencias corrientes permitieron anular, tras un cuarto de siglo de desequilibrios, el déficit por cuenta corriente en 2004. En el ejercicio anterior el Gobierno obtuvo en su saldo de cuentas un superávit primario (descontando el pago de los intereses de deuda) y vio achicarse el déficit fiscal hasta el punto de permitirle predecir, lo que iba a ser cumplido, la práctica liquidación del mismo al finalizar el quinquenio. Las deudas públicas interna y externa estaban recortándose sensiblemente. Más todavía, la inflación andaba en torno al 2% anual —en 2004 trepó al 3,5%, pero en 2005 iba a caer al 1,5%—, el nuevo sol cotizaba con respecto al dólar de manera estable y con una tendencia a la apreciación, las reservas internacionales estaban en sus mejores niveles históricos y las calificaciones de riesgo-país se situaban por debajo de la media de América Latina, lo que era la mejor indicación de la confianza de los inversores. El FMI felicitó varias veces a Toledo por su gestión económica.


7. Sedición etnocacerista y riesgo de destitución por el Congreso
Con esta catarata de datos delante, la gran mayoría de los peruanos, empero, no encontraba motivos para aplaudir a sus gobernantes. Incomprensiblemente, el paro estaba aumentando en paralelo al crecimiento de la economía, invalidando las promesas presidenciales en materia de creación de empleo y arrojando a más población activa a la precariedad. Por otro lado, los que trabajaban, trabajaban más y, en proporción, cobraban menos, una mezquindad salarial que repercutió negativamente en los niveles reales de ingresos por habitante. La paradoja estaba a la vista de todos: el país acrecentaba su riqueza, pero ésta no era notada en absoluto por la mitad de sus 27 millones de habitantes que se debatía en la pobreza. En la recta final del quinquenio, la Administración de Perú Posible iba a informar que la pobreza había descendido del 54% a 48% y la pobreza extrema del 24% al 18%, pero estos datos fueron calificados de exagerados por la oposición a la vez que acogidos con cautela y escepticismo por los organismos internacionales. La pertinacia de los graves déficits socioeconómicos mostraba, y más en una coyuntura de precios estables, el fracaso del Gobierno de turno en su obligación de redistribuir los beneficios en la sociedad.

Cuanto mejor marchaba la economía, peor le iba al presidente. El primer día de 2005 un grupo de 160 militares encabezados por el mayor retirado del Ejército Antauro Humala Tasso, hijo del intelectual ultranacionalista Isaac Humala Núñez, conocido ideólogo del llamado etnocacerismo y de la supremacía de la "raza cobriza" en el Perú, y hermano del teniente coronel Ollanta Humala Tasso, a cuyas órdenes había participado en una rebelión castrense contra el régimen de Fujimori en octubre de 2000 en Tacna, asaltó una comisaría en Andahuaylas, Apurímac, y tomó como rehenes a los policías que se hallaban en su interior. Humala animó a la población local a secundar su acción subversiva y condicionó su rendición y entrega a la dimisión de Toledo y la restitución de la Constitución de 1979. Aquel hubo de suspender sus vacaciones de fin de año en el balneario de Punta Sal, y una vez en Lima reunió al Gobierno, decretó el estado de emergencia en Andahuaylas por 30 días y exigió a los sediciosos la capitulación sin condiciones.

Incumplido el ultimátum —al parecer, Humala hizo una primera tentativa de rendirse, pero un grupo de paisanos que lo jaleaban se lo impidió—, las fuerzas del Gobierno liberaron la comisaría por la fuerza el 4 de enero, en una operación que se saldó con la muerte de cuatro policías y dos sediciosos, y con decenas de heridos. Humala fue arrestado mientras negociaba las condiciones de su rendición con representantes del Gobierno. Toledo prometió hacer caer todo el peso de la justicia sobre los atacantes de Andahuaylas y tachó el movimiento etnocacerista de "paramilitar, fascista, terrorista y de ideología fundamentalista", pero el desenlace de la crisis, por de pronto positivo para la razón de Estado y el imperio de la ley, se tradujo para el presidente en una nueva mella en su ya debilitada situación.

Así, el ministro del Interior, Javier Reátegui Rosselló, quien no llevaba ni un año en el cargo y que era miembro de la cúpula de Perú Posible, hubo de dimitir en asunción de su responsabilidad política por la inacción preventiva de su departamento, que no ignoraba las intenciones sediciosas de Humala y su gente, según constaba en los informes de los servicios de inteligencia. Su reemplazo por Félix Murazzo Carrillo, teniente general de la PNP, no ahorró al poder sendas mociones de censura parlamentaria presentadas por el PAP y la UN contra el primer ministro Ferrero y el ministro de Defensa Chiabra. El 19 de enero el Gobierno salió airoso del embate al no alcanzar ninguna de las dos mociones los 61 votos necesarios para prosperar, pero su fragilidad no fue reparada. De la merma de credibilidad de las instituciones no era ajeno el Congreso, que el 14 de abril no consiguió sacar adelante, por no alcanzarse la preceptiva mayoría de dos tercios, una reforma constitucional que habría restaurado el sistema legislativo bicameral suspendido con el autogolpe de Estado de Fujimori en 1992 y luego abolido por la Constitución de 1993.

Para Toledo, todo lo referente a su malparada autoridad política era susceptible de empeorar. Pocos días después del golpe de mano de los etnocaceristas, la orden de arresto domiciliario emitida por el juez anticorrupción Saúl Peña contra Margarita Toledo y su esposo, Guillermo Suárez, como presuntos coautores de los delitos de asociación ilícita para delinquir y falsificación documental en el caso de las firmas falsas, repuso en el primer plano el ya añejo escándalo y principió para el